BREVE OBITUARIO DE UN REPRESENTANTE DE LA BURGUESÍA

Ha muerto el dictador Alberto Fujimori. Un 11 de septiembre, fecha altisonante. Tras lo ocurrido, variopintos representantes políticos de la burguesía en el Estado expresaron sus condolencias. No podría faltar la infausta Dina Boluarte. A través de la cuenta de X de la Presidencia del Perú ha recalcado su evidente sumisión con las siguientes palabras: “Dios lo tenga en su gloria y que descanse en paz”. Contraste claro con lo que señalaba en el debate presidencial del 2021: es “el sexto presidente más corrupto del mundo”. Estos representantes de diversas fracciones de la burguesía han peregrinado al cadáver de Fujimori, como moscas a la miel. Este carácter de subordinación nos muestra, por un lado, los nexos que existen entre el grueso de políticos y el abominable “fujimorismo”, y, por otro lado, el poder de este último.

Alberto Fujimori fue un dictador, pero sobre todo fue un dictador de la burguesía. Fue un verdugo de la clase trabajadora, una personificación más de la dinámica del modo de producción capitalista que impulsó uno de los más violentos procesos a nivel internacional, de desarticulación de las organizaciones proletarias, liberalización de la economía, pauperización de la clase oprimida y reafirmación del carácter capitalista dependiente. A pesar de todo, muere rodeado de todas las comodidades, reconocimientos y demás lujos propios de un representante intransigente de los intereses de la clase burguesa, mientras que a la clase trabajadora no le alcanza el salario para subsistir, se le prohíbe organizarse y se le explota redobladamente con el aval jurídico de la nefasta constitución que edificó Fujimori y sus huestes de clase.

Muere a los 86 años, mientras la esperanza de vida de los peruanos se ha reducido de 76 a 73 años entre 2019 y 2024. Esto tiene como base una pobreza que ha aumentado para el 2023 al 29%, excediendo los niveles vistos en la pandemia. Muere rodeado de su familia y seres queridos, mientras no encuentra sosiego la pena de los deudos de la clase trabajadora masacrada en Barrios Altos, secuestrada en La Cantuta, torturada y calcinada en El Pentagonito, o asesinada a balazos en la puerta de su casa por el contrainsurgente Grupo Colina.

Así, la muerte del deleznable dictador de la burguesía nos hace visible la absoluta contradicción entre las condiciones materiales de existencia de nuestra clase y las de la clase dominante. Nos recuerda, pues, la miseria a la que necesariamente estamos sometidos, con el objetivo de que solo una reducida fracción de la sociedad se apropie de cada vez mayores riquezas, explotando, reprimiendo y segando innumerables vidas a su paso. Sin embargo, es tarea de nuestra clase, de la clase trabajadora, ver en la miseria que impone la clase dominante, no solo el carácter inmediato de desdicha, sino también el impulso revolucionario que genera tales condiciones para desarrollar y concretar la superación de tal miseria junto al modo de producción capitalistas. En ese sentido, no nos corresponde quedarnos de brazos cruzados frente a la muerte de Fujimori y la sensación de injusticia e impotencia que haya podido suscitar, sino analizar críticamente lo que aquella coyuntura significa para nuestra clase y como ese análisis nos sirve para avanzar en la autoorganización del proletariado. Para tal efecto, en adelante analizaremos 1) las posturas de la “izquierda del capital” o el reformismo peruano sobre Fujimori y, finalmente, 2) nuestro análisis sucinto de lo que significó Fujimori como representante de la burguesía.

EL REFORMISMO Y FUJIMORI COMO CHIVO EXPIATORIO

Veamos la posición de la izquierda del capital. Sus pronunciamientos han tenido por lugares comunes las declaraciones superficiales que mistifican a Fujimori como el mal de todos los males, el creador del nefasto neoliberalismo, quedándose, a lo sumo, en las denuncias sobre su muerte en impunidad. Nos recuerda al estudio que hacía el novelista francés Víctor Hugo sobre Luis Bonaparte que será criticado por Karl Marx en su “18 Brumario”. Vemos también que instrumentalizan el hecho introduciendo sus consignas igualmente superficiales y perpetuadoras del estado de cosas actualmente existente, especialmente la de una Asamblea Constituyente.

Así, pues, el Partido Comunista del Perú – Patria Roja denuncia el “legado de impunidad y corrupción [del fujimorismo], que continúan sus seguidores que siguen siendo parte del poder real en el país, detrás del régimen de Dina Boluarte”. Una reacción parecida encontramos en Verónika Mendoza, representante del reformismo más burdo, que el 12 de septiembre señalaba que “queda claro quién manda en el país. El régimen fujimorista está vigente”. Por ello, “Nuestro deber histórico”, el del reformismo, “es derrotarlo”. Por su parte, el Movimiento por la Unidad de los Pueblos (MUP) se rasga las vestiduras por la “impunidad en la que murió el sátrapa Alberto Fujimori, producto de un indulto fraudulento”, lo que “evidencia que el país sigue sometido a un poder corrupto”; está situación solo podrá cambiar “cuando el pueblo transforme las instituciones del país”. Acá se escabulle toda la institucionalidad y respaldo al Estado burgués de estas organizaciones reformistas. Se trata de ir contra Fujimori para mejorar la institucionalidad del Estado, para crear la verdadera nación sin corrupción y otras utopías cándidas.

De la misma naturaleza son los pronunciamientos de ML-19 y el frente político UP-Unidad Popular, que denuncian al “asesino, corrupto y dictador”, “el sátrapa del régimen asesino y más corrupto de la historia del Perú”. Igualmente, la organización Corriente Amaru, que dice mantenerse de pie “contra el sistema político, económico y cultural que dejó: un sistema neoliberal cimentado en una constitución de muerte, explotación, violencia y hambre”, para lo cual se debe “enterrar el legado fujimorista, la constitución del 93, para enterrar el neoliberalismo explotador y asesino”. Jalan agua para su molino reformista que busca mantener toda acción y medida bajo la institucionalidad burguesa, pero sobre todo evidencian su inversión fetichista de lo jurídico con lo económico, de la conciencia y el ser social.

Aquí nos hace sentido lo que un clásico revolucionario alemán señaló airado: ¡La ignorancia nunca ha sido de provecho para nadie! ¡Nunca! En el caso de la izquierda del capital, su mayor ignorancia es que no comprende que sus consignas políticas se sostienen sobre una “base material” y que esta no se determina por la voluntad individual de Fujimori o algún representante del capital, sino al revés, es la base material la que determina la conciencia. Estos creen que se trata de luchar contra Fujimori y no contra los representantes de capital. No recuerda acaso Patria Roja que su partido “comunista” votó a favor de Fujimori en la década de 1990, porque era el “mal menor”. No recuerda que en busca de su añorado “nuevo curso” hacia una Asamblea Constituyente, ha hecho la seguidilla al “mal menor” en las últimas décadas, tal como se muestra claramente en su apoyo a Pedro Pablo Kuczynski durante las elecciones de 2016: “el Partido Comunista y demás fuerzas de izquierda consideran que han contribuido a cerrarle el paso al partido fujimorista que pretendía instaurar un régimen autoritario de corte demagógico y clientelar de derecha, infestado por rescoldos del autoritarismo y la corrupción fujimontesinista”. Como si los Fujimori fueran la antípoda de PPK ¿Acaso no son representantes de la burguesía?

Asimismo, cuando Pedro Castillo ganó las elecciones y las diversas fracciones de la derecha no querían reconocer su victoria, el Secretario General de Patria Roja, Manuel Guerra, ponía el grito en el cielo y acusaba a “este sector ultrarreaccionario, que no ha encontrado mejor representante que la Señora K, expresión de lo más corrupto, decadente y autoritario de la política peruana”. Para octubre del mismo año el coqueteo se había acabado y el señor Guerra ahora afirmaba que “Pedro Castillo y Perú Libre no estaban preparados para gobernar”. Con el estallido de las protestas entre fines de marzo e inicios de abril de 2022, el señor Guerra se lamenta de que Castillo no haya sido lo que prometió, “la expresión del cambio profundo al que aspiraba el pueblo peruano”, y que no haya podido “pelearse por el cambio de la espuria Constitución fujimorista”. Todo centrado en un individuo y su voluntad.

Acaso no recuerda Verónika Mendoza su apoyo al gobierno de Ollanta Humala y al Partido Nacionalista Peruano, ocupando una curul y la vicepresidencia de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, dando aval al famoso cambio de hoja de ruta, la abierta sumisión del gobierno a la CONFIEP y, con ello, el reforzamiento de la forma de acumulación de capital en el Perú, principalmente orientada a la minería. Luego, y en un giro irónico, con motivo del paro indefinido contra la minera trasnacional Xstrata en Espinar, Cuzco, iniciado el 21 de mayo del 2012, con un saldo de cuatro muertos, Verónika Mendoza renunció a la bancada de Humala el 4 de junio de 2012, señalando en su carta de renuncia que ahora busca unir su voz “a aquella ciudadanía que votó por el proyecto del PNP-Gana Perú en las elecciones del 2011 como una forma de afirmar la democracia contra la mafia que usurpó el poder en la década del noventa”. En las siguientes elecciones la izquierda del capital llevará a Pedro Pablo Kuczynski al sillón presidencial, de la mano del anteriormente mencionado Patria Roja y compañía. Así, Verónika Mendoza, junto con Marisa Glave, Tania Pariona, y demás miembros del Frente Amplio en ese entonces, llamarán días antes de la segunda vuelta a “votar contra el fujimorismo el 5 de junio” del 2016, es decir, votar por PPK. ¿Critican a un representante de la burguesía y apoyan a otro? ¡Entienda quien pueda! Igualmente, en el gobierno de Pedro Castillo, mostrará su apoyo abierto, firmando junto con él un acuerdo “Por la refundación de nuestra patria con soberanía, justicia e igualdad”, cuyo objetivo último es “construir un nuevo pacto social a través de una Asamblea Popular Constituyente”. El 7 de diciembre de 2022 Castillo fue detenido, y la añorada Constituyente nunca llegó a concretarse, por más ruegos y súplicas de la izquierda del capital.

En la misma línea podemos encontrar organizaciones como Escuela de Formación Política Praxis, la Asamblea Nacional de los Pueblos, el Partido de la Revolución Peruana e Izquierda Socialista. Incluso, en el caso de esta última, sigue considerando el régimen de Castillo un “gobierno popular” de “un hermano del pueblo”, por lo cual “La tarea actual radica en la defensa total del voto popular, en la exigencia de libertad del presidente democráticamente elegido, el profesor Pedro Castillo Terrones”, para que, una vez en el poder, le sigamos rogando para que esta vez sí realice la Asamblea Constituyente. De esta forma, y de manera por completo contraria a lo que las voluntades de estos partidos y organizaciones hubieran querido, se siguió perpetuando el así llamado modelo neoliberal, cuyo presunto orquestador es, a su juicio, Alberto Fujimori. Son incapaces de ocuparse de una crítica real y total, son incapaces de ver relaciones económicas y de clase en la historia, se quedan en el inmediatismo de reconocer individuos, figuras y voluntades.

El reformismo o la izquierda del capital peruana parte de una contraposición aparente entre “autoritarios” y “demócratas”, “corruptos” y “honestos”, “neoliberalismo” y “economía social”, “derecha” e “izquierda”. Los medios y fines de esta izquierda del capital son claros: luchar a través de las formas jurídicas y políticas específicamente burguesas, tales como la participación en elecciones, la actividad burocrática desde una curul, el cubileteo electoral o el apoyo a confesos representantes de la burguesía, para lograr así la ansiada Asamblea Constituyente. En síntesis, su punto de partida y punto de llegada es la democracia burguesa. Esto se interrelaciona con su caracterización de la sociedad capitalista peruana en las últimas décadas, encontrando en el nefasto Alberto Fujimori y su igualmente nefasta Constitución de 1993 las causas últimas de los caracteres económicos, políticos, jurídicos, morales, culturales, etc., de nuestra sociedad. Así se trataría de personalidades e individuos y no de la base material y las relaciones sociales.

Lo que se hace evidente con lo anteriormente expuesto es más bien que su accionar seguidista del “mal menor”, basado esencialmente en sus mismos fines y medios, ha resultado en la perpetuación constante de aquello contra lo que supuestamente pretendían luchar: el “neoliberalismo”. Este último solo es la actual forma necesaria en que se presenta el capitalismo a nivel internacional, y que a escala nacional se muestra como el modelo “primario exportador”, rasgo que en realidad ha caracterizado al capital nacional desde su génesis histórica, necesario para la instauración del capitalismo como modo de producción mundial. Entonces, la cuestión viene a ser la siguiente: este complejo entramado de interrelación de capitales a nivel internacional, que no es sino la totalidad del mercado mundial, estos intereses de la burguesía nacional e internacional, y las necesarias formas jurídicas, políticas y represivas que adopta este contenido económico, todo ello, ¿se debió a la voluntad de un solo individuo o de un grupo de individuos en el Estado? ¿Cambiarán estas condiciones con la reescritura de lo que no es más que un papel cuya efectividad se fundamenta justamente en el poder fáctico, económico y político, de clase? La izquierda del capital responde que sí, nosotros que no ¿Es la acción de ciertos individuos que ha determinado la realidad social capitalista?, ¿no ha sido más bien esta realidad la que condicionó estas acciones, a tal punto que se impuso ante ellas? La izquierda del capital responde que sí, nosotros con un rotundo ¡no, no, no! No es la conciencia, ni los individuos ni su voluntad lo que determina la realidad, sino la realidad la que determina y se impone a los primeros. No es lo jurídico lo que determina lo económico, sino lo económico que determina lo jurídico. No se trata, por consiguiente, de figuras mistificadas, sino de representantes de intereses del capital; no se trata de cambios jurídicos, sino de cambios estructurales. Esta es la “ignorancia" fundamental de la izquierda del capital.

FUJIMORI Y SU LEGADO A FAVOR DEL CAPITAL

Ahora finalicemos realizando un breve repaso al nefasto legado que Fujimori dejó, no como un mero individuo, sino como uno de los representantes de la burguesía más rastrera a los intereses del capital internacional. En el marco de la crisis económica mundial de la década de 1970, cierre de la edad de oro del capitalismo, se desarrolló un cambio global en la organización de la producción y en la forma de acumulación de capital: se pasó de conglomerar en la fábrica todo el proceso de producción en cadena y grandes cantidades de trabajadores a descentralizar y flexibilizar el proceso de producción, expandir el sector servicios, tercerizar el trabajo, etc. Este cambio fue de la mano con el desarrollo tecnológico durante la década de 1980 (microelectrónica y robótica, microprocesador con Central Processing Unit (CPU), teléfonos celulares, tecnologías de la información y la comunicación (TIC), etc.) y con la necesidad de interrumpir la unidad de clase de los trabajadores. En el caso de Latinoamérica, las bases de esta transformación en la producción y acumulación de capital se instalarán a sangre y fuego mediante dictaduras contrainsurgentes, como las de Augusto Pinochet en Chile, Rafael Videla en Argentina, Hugo Bánzer en Bolivia, Alfredo Stroessner en Paraguay, o el ciclo de dictaduras en Brasil que va de 1964 a 1985. Se transita del desarrollismo y la industrialización por sustitución de importaciones a la liberalización de la economía y la acentuación de la actividad primario exportadora.

En el caso de Perú, el modelo desarrollista fue lánguido, teniendo su mayor expresión en el gobierno del militar reformista Juan Velasco Alvarado. Los gobiernos que le siguieron fueron sentando las bases para el retorno al modelo liberalizado, que se profundiza en el gobierno de Alberto Fujimori. Así, por ejemplo, ya con la tan aclamada Reforma Agraria proliferan múltiples parcelas de tierra bajo la forma de propiedad privada; lo único que hicieron los gobiernos subsecuentes al de Velasco fue dar aval legal a la reconcentración de tierras, como es el caso del segundo gobierno de Belaúnde, en el que se triplica el límite de propiedad de tierras en la costa. Con Fujimori, se promulga en 1991 el Decreto Legislativo 653, el cual autorizó la tenencia de tierras por parte de sociedades anónimas y el arrendamiento de tierras libre de trabas, incluso de tierras comunales, y declaró las tierras eriazas –y por lo bajo las de las comunidades– como propiedad del Estado.

Otro cambio fundamental fue la reducción del déficit fiscal, para lo cual se interrumpe los flujos del dinero del Estado destinados a los subsidios y servicios básicos, que va de la mano con la liberación de los precios y el tipo de cambio del control estatal, y el cambio de moneda nacional por el nuevo sol. El Estado no tenía dinero para solventar el bajo consumo de la clase trabajadora en plena crisis económica, pero sí para sanear financieramente las empresas estatales por la suma de 1 500 millones de dólares y, de la mano del Comité Promotor de la Inversión Privada (COPRI) creado en 1991, dar rienda suelta al proceso de privatización de las mismas, lo que también implicó despidos para hacerlas más atractivas a las empresas compradoras. Ese mismo año también se redujo los aranceles vigentes hasta 1990, que promediaban un 66%, a dos niveles, de 15% y 25%, teniendo mayor presencia en las partidas el nivel más bajo; esta liberalización implicó la quiebra de muchos capitales industriales nacionales formados durante el endeble modelo desarrollista.

Respecto a la inversión extranjera, se creó la figura de los contratos de estabilidad tributaria, contenida ya en la Ley General de Minería de 1991; según esta figura suscrita entre el Estado y las empresas, principalmente trasnacionales, el esquema tributario que regía el contrato era el que estaba vigente durante el momento en que se suscribió, siendo imposible modificarlo por un lapso de 25 años. De este modo, los cambios sustanciales en la política económica se realizan antes de la nefasta Constitución del 93, que entra en vigor el 31 de diciembre de 1993; de hecho, muchos de estos cambios no se llegaban a conocer, ni siquiera por parte del congreso, hasta el momento en que se aplicaban. Asimismo, la premura por la transformación en la organización de la producción y la forma de acumulación de capital responde a las necesidades del mercado mundial; con los nuevos ajustes, entre 1993 y 1997 se duplica el valor de las exportaciones, lo que deriva a su vez en un intenso proceso de concentración de capitales, que se ve limitado entre 1997 y 1999 por la crisis financiera asiática, y reanuda a inicios del presente siglo en lo que vino a llamarse el “boom de las commodities”.

Pero, por su propia necesidad, la mayor valorización del capital implica la desvalorización de la vida de la clase trabajadora, su reducción a condiciones materiales de existencia cada vez más miserables. Así pues, durante el gobierno de Fujimori se pierde la estabilidad laboral, sustituida ahora por un régimen de despido libre indemnizado, lo que se refleja en que, entre 1970 y 1998, los asalariados estables pasan de ser 90% a 53.4%, y luego solo seguirá decreciendo; igualmente, la intermediación y la tercerización laboral se extienden del 20% al 50%, lo que va de la mano con la ampliación del poder directivo del empleador, que ahora puede cambiar las condiciones del contrato de trabajo de manera unilateral. A ello se suma que, con el conjunto de reformas económicas, 250 000 personas que trabajaban para el Estado o empresas públicas perdieron su empleo durante la década de los 90, sin contar los miles de despidos ocasionados por la quiebra de capitales industriales nacionales.

Igualmente, se impulsó normativas para prohibir a los sindicatos dedicarse a actividades políticas y lucrativas, reducir los niveles de negociación por rama, reglamentar las huelgas hasta llegar al punto de declararlas ilegales en la mayoría de los casos, debilitar los convenios colectivos en lo que respecta al tiempo de los beneficios pactados. Estos ataques con las herramientas jurídicas de la democracia burguesa se complementaron con el poder fáctico de la ilegalidad, que se expresó en la persecución, amedrentamiento, desaparición, tortura y asesinato de dirigentes sindicales, pero también de dirigentes campesinos y demás militantes que representaban una oposición al gobierno –esta represión estatal ya estaba presente desde el gobierno de Belaúnde y Alan García, quien creó el Comando paramilitar Rodrigo Franco bajo la dirección de Agustín Mantilla–. Todo ello confluyó en la fragmentación y desarticulación de la clase trabajadora que encontramos en la actualidad, pero que a la vez se ha visto cada vez más superada por el propio impulso de nuestra clase en su lucha, especialmente frente a la reciente crisis económica mundial que expone vívidamente las contradicciones de clase.

Así pues, Alberto Fujimori se nos muestra como un representante más de la burguesía, una de sus peores caras. Es un elemento, mera personificación del movimiento real del capital como sujeto automático y poder económico que lo domina todo, que hermana a las diversas fracciones capitalistas y sus representantes políticos bajo un solo interés en común, esencial, de clase. Asimismo, se hace evidente que la figura de Fujimori ha sido mistificada convenientemente por el reformismo para justificar su propia bancarrota y su propia complicidad con la perpetuación del modo de producción capitalista y su formato neoliberal. En cambio, para nosotros, que somos parte vívida del proletariado, la muerte de este personaje abominable no ha tenido mayor significado que el recordatorio de su legado a favor del capitalismo, frente al cual se nos plantea como único medio y fin la lucha y organización autónoma de la clase trabajadora. Sin ninguna tregua con las fracciones de la izquierda del capital que vienen siendo cómplices de la clase dominante. Contra todo mecanismo circunscrito en las redes de la democracia burguesa que solo oculta la contradicción de clase. Contra el Estado y el cubileteo electoral que solo termina siendo una trampa para los trabajadores y una traba para el desarrollo de su organización. Contra toda dominación y explotación.

¡TODO EL PODER A LA CLASE TRABAJADORA!

¡VIVA LA LUCHA Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES!