EL ORDEN DEL CAPITAL REINA EN EL PERU: SOBRE LAS DISPUTAS INTERBURGUESAS

Al calor del incesante avance de la crisis del capitalismo, la escalada militar a nivel mundial, el acrecentamiento de la lucha de clases, el desprestigio inagotable del Estado Nación, de los políticos de turno, de partidos y palabras bonitas como libertad e igualdad, entra en ebullición el termómetro de las disputas interburguesas en el Perú.

Los contendientes: 1) el poder ejecutivo frente al 2) legislativo y al judicial. Cada lado representando diversas fracciones de la burguesía. Los primeros representan, sobre todo, a la burguesía y pequeña burguesía provincianas aun difusas, pero cada vez más pujantes que se van insertando y disputando mercados, contrataciones con el Estado, concesiones millonarias en el sector de la construcción, territorios destinados a explotación minera, etc., y, por otro lado, el control político del Estado. En el segundo ramo de los bandos, más ligados a los intereses imperialistas, se encuentra la vieja clase burguesa agremiada en la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) que incluye, principalmente, a los sectores nacionales de la banca, minería, construcción, agroindustria y petróleo.

Estos últimos han realizado contribuciones millonarias a políticos de extrema derecha, además de recibir - a través del Estado – préstamos exorbitantes, condonación de deudas, reducción de pagos tributarios, etc. durante la pandemia. A ello se suma de forma evidente los grandes medios de comunicación como los del Grupo El Comercio, Canal N, La República, Latina Televisión, Willax, RPP, etc. Algunos, harto conocidos por recibir coimas de Vladimiro Montesinos en el gobierno dictatorial de Fujimori, y fuertes financiamientos del Estado para publicidad hasta antes del gobierno actual. Son ellos mismos los que diariamente difunden e imponen la ideología de la clase dominante actuando como guardianes de sus intereses.

Aunque estos conflictos interburgueses afectan las actividades sociales en general, no se juegan los intereses esenciales de la clase trabajadora, sino el control del Estado para asegurar las ganancias del capital. En cuanto clase burguesa, el Estado salvaguardaba sus intereses económicos, en lo político se disputan el control del poder, incluso cuando una crisis de este tipo acarree perjurios al desarrollo mismo del capital. La anatomía del ejecutivo que representaba Pedro Castillo expresaba la continuidad sosegada del modo de producción capitalista. Nunca puso en tela de juicio el desarrollo de la acumulación de capital ni la explotación de la clase trabajadora, sino que fue parte integrante de una lista cada vez más larga de intentonas candorosas de transformar la realidad por medio del Estado, de Toledo a Ollanta, de Vizcarra a Sagasti, ingenuidad tras ingenuidad. Castillo se va como llegó al poder: desorientado.

La actual tentativa frustrada de disolver el Congreso por parte del ahora expresidente Pedro Castillo representa el cierre de un ciclo de disputas y el inicio de otras nuevas. De ninguna manera la paz que sueña la clase burguesa. El segundo bando tomó la iniciativa. Antes de la llegada de Castillo al poder, en julio del 2021, lo acusaron interminablemente de fraude electoral. No se dejó esperar la primera moción de vacancia redactada el 18 de noviembre y presentada el 25 de noviembre del 2021. Fue un fracaso. La segunda, del 8 de marzo del 2022, también nació frustrada. Las acusaciones llovieron: corrupción y hasta traición a la patria. Por su parte, el poder judicial se movilizó. El 20 de junio fue votada una nueva Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que agudizó el intento de destituir a Castillo. El 11 de octubre la fiscal presentó una denuncia constitucional contra Castillo. También su familia fue acusada por corrupción y hasta su sobrina estuvo en prisión preventiva por meses. Castillo se mostró desorientado desde el principio, aunque la propia incompetencia del legislativo no consumó la destitución. Al mismo tiempo, se protegió con una continua introducción a su cartera ministerial de sectores de derecha recalcitrante y pactos interburgueses cada vez más escandalosos. También convocó a la OEA como mediadora, pero su mayor defensa la hizo con la llamada cuestión de confianza que presentó su primer ministro Aníbal Torres el 17 de noviembre del 2022. La reacción del legislativo fue la tercera moción de vacancia que se realizó hoy 7 de diciembre. Es en este escenario que la contienda llegó a su momento más álgido. Castillo terminó de mover las fichas que le quedaban a las 11: 41 am:

“Se dictan las siguientes medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional”

Sin embargo, esas ideas y esas palabras no tenían ningún respaldo material. Castillo y su séquito parecían confiar ingenuamente en sus palabras, como si por arte de magia el Congreso se cerraría porque él así lo dijera. Tras una hora del mensaje no se sabía nada de los etnocaceristas ni de la policía y menos de las FFAA. No había ningún poder fáctico respaldando esas palabras. Mientras tanto, el campante Congreso aceleraba la vacancia. A la 1:30 pm, aproximadamente, las FFAA divulgaban en un escueto comunicado su apoyo al orden constitucional, lo que verdaderamente significaba el respaldo al legislativo. La estocada final la dieron los 101 votos congresales a favor de la vacancia, que terminó por consumar su corto período presidencial.

Tal fracaso político es expresión de la impotencia y bancarrota de la izquierda peruana, una izquierda que defendió la podredumbre de su gobierno, bajo la excusa de un golpe fascista en ciernes y la esperanza de mejores condiciones para la organización del circo constituyente. Lejos de proponerse la construcción de una apuesta programática independiente y clasista, la izquierda se limita a denunciar a la derecha por su “autoritarismo” y su nula “vocación democrática”. Ese camino los llevó al ridículo de respaldar la misión fiscalizadora de la Organización de Estados Americanos (OEA), órgano interventor del imperialismo yankee, y a justificar toda la política antiobrera y mediocre de Pedro Castillo.

Mientras los políticos burgueses y la izquierda del capital se achacan mutuamente la responsabilidad de la crisis política, los proletarios del campo y la ciudad continúan padeciendo la explotación y los embates de la crisis capitalista mundial y cargando las consecuencias sobre sus hombros: subida de precios, escasez de materiales para la producción agrícola como es el caso de los fertilizantes, sequías continuas, rebrote de la pandemia, alto precio de combustibles, etc.

En cuanto la izquierda del capital y la derecha se limiten a discutir cuál es la mejor salida para resolver las constantes disrupciones políticas de las instituciones burguesas que defienden con su vida, el hartazgo popular contra los políticos y sus medios de comunicación crece cada día más. Como no podría ser de otra manera, el interés de clase de los trabajadores estaba por completo ausente en este conflicto entre cúpulas. La gestión de Castillo nunca expresó el interés de los trabajadores ni siquiera en términos reformistas. No cumplió ni con las expectativas de las izquierdas del capital cuya aspiración máxima era el cambio constitucional. Aunque ideológicamente se presentara de otra manera – como disputa entre sectores populares y élites, entre “provincianos” y “limeños” – lo que estaba en juego era el control del Estado para beneficiar o discriminar fracciones capitalistas.

El aislamiento político del ejecutivo se debe a su inoperatividad para gestionar la maquinaria capitalista y sus contradicciones. Su actitud vacilante y contradictoria se debe fundamentalmente a que expresaba los intereses del empresariado emergente, tendiente a posturas “anti-neoliberales”, pero impotente para enfrentar las miserias de la dominación capitalista en su conjunto. La izquierda, desde el inicio de su gobierno, no hizo más que empantanarse en esa lógica, arrastrando con eso a las pocas bases que todavía conseguía movilizar.

Una forma de comprobar la posición de Castillo es que, al margen del carácter pro-gobiernista de algunas direcciones de izquierda, las organizaciones de los trabajadores han sido indiferentes ante la salida de Pedro Castillo. La complacencia de la izquierda del capital ante la política vacilante del gobierno, su impotencia política frente a la burguesía nacional, va dejando el camino libre para que posiciones reaccionarias como las del etnocacerismo o las de extrema derecha se perfilen como una alternativa para los trabajadores. Los primeros, van avanzando en las regiones del sur del país defendiendo la creación de una burguesía cobriza propia de los andes, la exaltación de la nación que supere el proyecto frustrado criollo, la expulsión o fusilamientos de los blancos, en suma, el impulso de una nueva burguesía. Y la pasmada izquierda del capital busca pactar o formar frentes con el etnocacerismo, todos coinciden en el ímpetu reformista. No pocas direcciones de izquierda se han mostrado favorables al proyecto político etnocacerista. Denunciar ese nefasto papel es fundamental, pues nada indica que las aguas se vayan a tranquilizar en los próximos años. Las instituciones burguesas han de continuar evidenciando su impotencia frente a la agudización de una crisis que solo se puede contrarrestar redoblando la explotación del proletariado.

Y entonces el orden burgués reina en el Perú. La burguesía reduce sus decibeles de preocupación. Dina Boluarte asume la presidencia ante la estrepitosa salida de Pedro Castillo. El beneplácito de los medios de comunicación ante esta posibilidad, y la evidente simpatía de muchos congresistas ante esta alternativa, refleja la existencia de un jugoso acuerdo entre todas las partes. No es casual que Boluarte renunciara a la cartera ministerial el 25 de noviembre. Nada fuera de lo común. Los engranajes del juego democrático necesitan de buenos incentivos para su funcionamiento. El orden reina en Perú, el orden de la democracia donde millones de trabajadores sobreviven cada día los elevados precios que genera la crisis del capital. Reina el orden de la libertad de mercado para vender la fuerza de trabajo, el orden de la libertad para que la burguesía exprese sus intereses de clase. El retorno de los recursos estatales a los grandes medios de comunicación es, tal vez, el más evidente de otros tantos acuerdos necesarios para que prevalezca la “vocación democrática” y el urgente salvaguardo del “Estado de derecho”.

La democracia burguesa no tiene nada qué ofrecernos. La impotencia del Estado peruano y sus instituciones no son, como repite la ciencia social burguesa, una anomalía que se explica por taras culturales o una idiosincrasia perversa. Es la decadencia específica del mundo regido por el capital. El lodo y la sangre que caracteriza no solo el advenimiento del mundo de las mercancías, sino su reproducción constante y ampliada. Nuestro problema, como clase trabajadora, tampoco es resolver tareas nacionales pendientes, ni mucho menos tareas democráticas. El capitalismo peruano está plenamente desarrollado. Y la nación sólo puede ser la nación de los capitalistas. La podredumbre y el patético espectáculo al que asistimos es consustancial de la dominación burguesa. La única forma posible que le cabe. Superar esa miseria, acabar con la degradación material y espiritual de las clases explotadas solo puede darse mediante la abolición del capital a través de la organización autónoma de los trabajadores. Por eso apostamos por el desarrollo de organizaciones proletarias independientes que rijan su intervención política única y exclusivamente en defensa de los intereses de los explotados.