LUCHA DE CLASES EN LA ACTUALIDAD: UN PANORAMA GENERAL

La crisis inmanente al modo de producción capitalista se despliega en todo el mundo afectando diversas dimensiones de la sociedad. Las diferencias en las relaciones económicas y de poder entre los países hace que el impacto de la crisis no sea igual en todos ellos; no obstante, son los trabajadores del mundo quienes padecen las peores consecuencias: hambre, desempleo, muerte, encarecimiento de la canasta básica, aumento de la criminalidad. Estas condiciones de vida empujan a la lucha de los trabajadores en diversas partes del mundo. El 1o de Mayo de este año, fecha conmemorativa para el proletariado mundial, se realizaron protestas en varios focos en Europa, Asia y América; no solo se protestó contra la guerra y el genocidio de palestinos, sino por la falta de empleo y condiciones de vida. En Francia, Turquía, Grecia, Indonesia, Corea del Sur, miles de trabajadores salieron a protestar contra la crisis, contra el incremento de los precios de los medios de pan llevar, por el incremento de sus salarios y en favor de la paz en Medio Oriente. En los últimos meses se realizaron protestas en Kenia, Bangladesh, Corea del Sur, India, así como Argentina, donde los trabajadores se organizan contra los recortes de los servicios fundamentales por el gobierno del nefasto Javier Milei.

Se ha visto cómo las protestas en Bangladesh han terminado con un golpe de Estado luego de semanas violentas en que centenares de personas fueron asesinadas; no obstante, este movimiento no comenzó el último mes. Las luchas contra las consecuencias de la recesión y la falta de trabajo se manifestaron primero en febrero del 2018, antes de la profundización de la crisis provocada por la pandemia. Estas reclamaban un alto al sistema de cuotas que establecía que el 30% de los puestos de trabajo gubernamentales estaba reservado exclusivamente para los descendientes de aquellos que lucharon en la independencia de Bangladesh. Así, se reducían las oportunidades laborales de buena parte de los trabajadores, en un país en donde el 50% de su población vive con menos de un dólar al día, el sueldo mínimo apenas pasa los 100 dólares y el trabajo infantil y el trabajo forzado son moneda común. Bangladesh, además, es un país donde se ubican grandes talleres de producción textil para enormes empresas como Zara, H&M, Primark, etc., que mantienen a los trabajadores en condiciones deplorables que ponen en riesgo miles de vidas. Un ejemplo claro de esto sucedió en el 2013, cuando colapsó el Rana Plaza, donde funcionaban talleres textiles, matando a 1 134 personas y dejando a 2 437 heridos, muchos incapacitados, exponiendo así a la más absoluta miseria a sus familias.

Las protestas volvieron a estallar este último junio, cuando la Corte Suprema reinstauró el sistema de cuotas, en un país golpeado por el colapso económico que siguió a la pandemia del COVID-19. La recesión y la corrupción galopantes, que afectan a los trabajadores pauperizados mientras la burguesía local mantiene su nivel de vida, llevó a que los estudiantes salieran en masa a pedir la derogación de esta norma. El gobierno respondió violentamente mandando a la policía, el ejército y a las fuerzas paramilitares a secuestrar y asesinar a los manifestantes, además de bloquear las redes sociales para impedir la organización, coordinación y cooperación de los trabajadores que salieron a luchar por sus justas demandas. La represión contra las jornadas de lucha ha dejado más de 300 asesinados, incluidos niños, y ha llevado a la caída del gobierno de Sheikh Hasina y al reacomodo de la burguesía, instaurando a un banquero como nuevo dirigente nacional, mientras la policía iniciaba un paro con el objetivo de defender a sus miembros, como si se tratara de víctimas de los juegos de poder y no partícipes activos.

Vemos pues que, ante la crisis, la clase trabajadora tiene como única forma de lucha la autoorganización independiente; en el caso de Bangladesh, la ausencia de una posición política claramente revolucionaria entre los manifestantes condujo a errores fundamentales como confiar en los sectores burgueses para la dirección política de su nación. La apuesta por las salidas institucionalistas ha agravado la convulsión social. Se han exacerbado los ataques a comunidades religiosas minoritarias con asesinatos y vandalismo en casas. También hubo un incremento de robos a mano armada. Mezquitas, templos hindúes e iglesias, etc., han sido atacadas por bandas armadas contando un aproximado de 205 ataques en 52 distritos del país en estos últimos meses. Además, las condiciones laborales precarias de un país que tiene más de la mitad de su población percibiendo menos de 1 dólar al día, han exacerbado las protestas de los proletarios del ramo de producción textil, quienes han extendido el cierre de las carreteras que unen Nabinagar y Chandra como Baipail y Abduyllahpur, y han levantado barricadas para atacar las fábricas con piedras y palos, lo que ha llevado a que más de cuarenta fábricas textiles cierren.

Al igual que en Bangladesh, los últimos dos meses han sido de constante lucha en el país africano de Kenia. Así como el caso anterior, esta lucha no es esporádica, no aparece de forma fortuita, sino que responde a la profundización de la precarización de los niveles de vida de la clase trabajadora. Ya desde el 2023, Kenia ha sido escenario de protestas contra el incremento de impuestos que anunciaba el gobierno de William Ruto, las cuales terminaron con 6 asesinados por la represión gubernamental. Estos aumentos respondían a una reestructuración de los gastos nacionales debido a la enorme deuda contraída por el país, en la cual China ha sido uno de los acreedores más importantes en los últimos años (actualmente comprende el 73% de la deuda bilateral del país) con su política de préstamos a las economías débiles. Como solución, el Fondo Monetario Internacional (FMI) otorgó más préstamo, comprometiendo al país a adquirir más deudas a cambio de implementar políticas de austeridad e incrementar los impuestos en recursos básicos como el combustible. Todo ello habría llevado al aumento del costo de vida en una nación que tiene apenas 116 dólares de salario mínimo, 36.1% de pobreza y en algunas regiones incluso del 95%, y una deuda pública que asciende al 68% del Producto Bruto Interior (PBI). Incluso tuvo un Índice de Precios al Consumidor (IPC) que llegó a 9.6% a fines del 2022.

Para reducir el déficit presupuestario, Ruto ha impulsado un Proyecto de Ley de Finanzas que estaba destinado a recaudar 2 700 millones de dólares a través de aumentos en los impuestos regresivos, incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Así se subiría el impuesto a las transacciones bancarias o a los productos básicos como pan, aceite, leche, etc. Las medidas de austeridad se aplicaron en Kenia, país reconocido por su “Constitución progresista”, donde existen mecanismos de participación pública en los proyectos de ley antes de ser votados y toda esa parafernalia institucionalista. Esto solo demuestra que, cuando los intereses del capital se ponen en juego, los diferentes sectores de la burguesía en el poder se unen para sacar adelante las nuevas normas, sin importar el texto constitucional. Las protestas contra estas medidas iniciaron el 18 de junio, pero fue el 25 del mismo mes, ahora conocido como Martes Sangriento, cuando se llevó a cabo el asalto del Parlamento a raíz del voto a favor de tan perniciosa medida. Se incendió parte del parlamento, los parlamentarios huyeron por túneles, la policía usó armamento real y asesinó a quemarropa, incluso se tiene registro de secuestros forzosos contra los manifestantes, francotiradores en los tejados, intervención en las redes sociales y amedrentamiento con infiltrados en las manifestaciones. Ruto llamó al diálogo, pero, al día siguiente, la policía mató a tiros a 3 manifestantes en Rongai, incluido un niño, además que la Fuerzas de Defensa de Kenia han continuado patrullando Nairobi en vehículos blindados y carros militares armados como el Humvee. En una semana, se contabilizaban 38 asesinados por las “fuerzas del orden”, Ruto anunciaba una mayor represión, desplegando a la policía para defender al gobierno y sus reformas. Hasta la fecha hay más de 50 asesinados, lo cual incluye ejecuciones extrajudiciales. También hubo denuncias de multitudes de heridos y desaparecidos, entre ellos periodistas que cubrían las protestas.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) salió a “lamentar” que las medidas propuestas por ellos hayan llevado a este baño de sangre, pero insisten en que las medidas son necesarias. En otras palabras, para ellos, la clase trabajadora debería aguantar el empeoramiento de sus condiciones para poder mantener a flote el país, mientras que la burguesía sigue recibiendo los préstamos que los ayudan a recomponerse de los contextos económicos críticos a través del endeudamiento de todo un país. Sin embargo, la simple derogación de las medidas no es suficiente. La lucha ya no se restringe a la derogación de las reformas exigidas por el FMI, sino que ahora se exige la renuncia de Ruto por las masacres cometidas.

Es fundamental reconocer la solidaridad e unidad de clase que están expresando los kenianos. Los hechos contravienen las posturas de moda que llaman a resaltar culturas o dimensiones particularistas por encima de sus intereses de clase, los distintos grupos étnicos de Kenia han salido a luchar en conjunto, porque es evidente que el capital seguirá sometiéndolos sin importar a qué etnia pertenecen.

En el caso de Reino Unido, vemos que el descontento de la población ha sido utilizado por las fuerzas más reaccionarias de la burguesía para exaltar el nacionalismo a través del despliegue propagandístico alrededor de las ceremonias monárquicas y sus gastos obscenos, culpando a la población migrante de los males de la sociedad. Un ejemplo de ello lo vimos con la campaña del Brexit, durante la cual se prometió “retomar el control” del país, pero ello solo condujo a una mayor precarización de los trabajadores. A la par, el racismo antinmigrante siguió creciendo, impulsado por los dos partidos mayoritarios. Incluso, el actual gobierno del Partido Laborista, otrora representante de la izquierda británica, hizo una fuerte campaña contra la migración, al que se sumó el financiamiento de grupos neonazis y asociaciones de extrema derecha, ni que decir de Rishi Sunak y su ley antimigrantes. Todo ello ha llevado a que los ataques raciales, que eran esporádicos, fueran en aumento y se conviertan en un problema sistemático para debilitar la unidad de clase de los trabajadores.

Estas manifestaciones no se restringen a una mera guerra cultural. Reino Unido es también un país en crisis, donde los salarios reales han disminuido hasta en un 10% los últimos 15 años, además de la recesión técnica de dos trimestres seguidos el 2023 y una inflación de 11.1% a fines del 2022. Las políticas de austeridad para reflotar al país afectan principalmente a la clase trabajadora. Los discursos reaccionarios contribuyen a ocultar las contradicciones de clase, los ataques masivos del 30 de julio son resultado del azuzamiento de grupos bien organizados de ultraderecha aliados a la burguesía británica en su objetivo de culpar a los migrantes de la crisis económica que ellos mismos provocaron. Población trabajadora principalmente africana y asiática, a las cuales explota esta misma burguesía, son los principales afectados por la destrucción de sus viviendas y el incendio de centros de refugio.

La clase trabajadora británica, al igual que la keniana, demostró que la única forma de protegerse es la unidad de clase, independientemente de la etnia, nacionalidad u otra identidad. Se organizaron grupos de defensa para enfrentar a neonazis y proteger a las comunidades migrantes recurriendo a la violencia cuando era necesario. Los disturbios xenófobos deben ser combatidos por la unidad de la clase trabajadora, quien plantea las contradicciones sociales en sus reales términos. En Reino Unido este problema no ha mermado, lo evidencian las encuestas que muestran que un tercio de la población está de acuerdo con las “protestas”. Esto será utilizado, evidentemente, tanto por el partido del gobierno como por la oposición para reforzar sus políticas antimigratorias y como excusa para seguir poniendo sobre los hombros de la clase trabajadora los estragos de la crisis.

Claramente, la defensa de los trabajadores solo será eficaz mientras se organicen como clase frente a los diferentes sectores de la burguesía que instrumentaliza el crecimiento de los grupos neonazis para alejar a los trabajadores de la lucha por sus intereses genuinos o para agruparse en torno a una “agenda conjunta” como ha sucedido en Francia. Allí los diferentes partidos de izquierda se han unido en un Frente Nacional, han llamado a la unidad contra el “fascismo” de Le Pen y han conseguido una victoria en las últimas elecciones del país. ¿Qué sucedió luego? Macrón terminó buscando los votos de la extrema derecha. Sí, aquel presidente que hizo campaña diciendo que su elección era la única salida contra la derecha. La izquierda, mientras tanto, sigue atrapada en el electorerismo mediocre que, en última instancia, no tendrá fuerzas para combatir un régimen que se impondrá por encima de los buenos deseos de quienes puedan llegar al sillón presidencial.

Es por ello que insistimos en que, sin una lucha conjunta, la clase trabajadora terminará desamparada. Veamos, por ejemplo, la huelga de los trabajadores de Samsung en Corea del Sur. Siendo uno de los países modelo para el sistema capitalista, el caso coreano es importante porque nos muestra lo que genera la poca organización de la clase trabajadora. Son conocidas las intensivas relaciones de explotación del trabajo en Corea del Sur, donde la población vive bajo presión constante y orientada a la productividad más violenta sin que ello sea congruente con sus salarios. Hasta el 2018 se trabajaba unas 68 horas semanales en promedio, lo que llevó a que se registren decenas de muertes por exceso de trabajo (no se cuenta con cifras exactas, pues el gobierno no lo reconoce como causa de muerte). El fenómeno es tan extendido que se ha creado un nombre para ello, gwarosa, y la situación es aún peor para los trabajadores industriales, pues Corea es el tercer país con más muertes laborales de entre los miembros de la OCDE (detrás de México y Turquía). Este es el panorama en la tercera economía más grande de Asia.

En ese sentido, el 7 de junio se inició la primera huelga de trabajadores de Samsung. El gigante tecnológico solo recientemente se vio obligado a reconocer a los sindicatos, luego de años de prácticas que combatieron cualquier intento de organización de trabajadores, avalado por la represión estatal, y luego de denuncias de manipulación de mercados y sobornos. Las demandas laborales se centraban principalmente en el aumento de salario. Los trabajadores planearon parar las operaciones por tres días, pero, ante el silencio de la empresa, se declararon en huelga indefinida el día 10 de julio. Lamentablemente, luego de extenderse durante todo el mes de julio, el apoyo de los trabajadores ha ido disminuyendo debido a la creciente presión económica, hasta que la huelga se levantó el pasado 5 de agosto. Los trabajadores se vieron obligados a aceptar, una vez más, las formas de explotación que los subyugan. La falta de apoyo de parte de otros trabajadores de la misma empresa, del sector informático y de otros gremios condujo al fin de la movilización, haciendo que un pedido tan concreto ni siquiera llegara a buen puerto. Los representantes de Samsung saben que tienen la sartén por el mango y han podido doblegar a los trabajadores. La clase trabajadora debe aprender que su poder reside en parar la producción, de ellos deviene la verdadera riqueza, pero solo la unidad y solidaridad de clase puede conducirlos a su liberación. Esta es una enseñanza para toda la clase trabajadora mundial.

Los casos de Bangladesh, Kenia, Reino Unido, Francia y Corea del Sur nos demuestran que el proletariado no puede esperanzarse en sus burguesías para cambiar los problemas que la afectan. Sus intereses son totalmente disímiles. En Bangladesh, se ha desarrollado un cierto reacomodó en torno a su burguesía financiera para reestablecer el orden del capital, mientras las condiciones deplorables de trabajo no tienen forma de cambiarse; en Kenia, el FMI aplicará sus medidas independientemente de las graves consecuencias para la población; en Reino Unido, se utiliza el racismo y la xenofobia para dividir a los trabajadores; en Francia, las fracciones burguesas ya están movilizándose para neutralizar a una izquierda igualmente defensora de ciertos sectores burgueses, que ni es radical ni pretende serlo; y, en Corea del Sur, las empresas continuarán explotando a los trabajadores que tengan a disposición con el beneplácito del gobierno. Esta situación se repite en todo el mundo: las pandillas masacrando a los trabajadores en Haití ante un Estado fallido; los africanos muriendo en las vallas marroquíes con silencio del gobierno español y apoyo del rojipardismo; chinos y japoneses muriendo o suicidándose por el exceso de trabajo; mexicanos a merced de las mafias de narcotraficantes coludidas con las esferas gubernamentales; congoleses sufriendo los niveles de explotación más miserables de este sistema en la producción de los minerales necesarios para la industria cibernética, etc.

Todos estos son ejemplos de la garra siniestra del capital rasgando la yugular de la clase trabajadora mundial. Una clase que al día de hoy se encuentra desorganizada, desarticulada, casi desamparada. Ante ello, la lucha nos demuestra que no importa si se trata de un gobierno dictatorial o democrático, si la constitución es progresista, liberal o conservadora, lo realmente importante es la lucha de clases y la unidad de la clase trabajadora para su victoria. La contradicción fundamental de la sociedad capitalista está dada entre burgueses y proletarios, el poder de los trabajadores emana de su organización independiente. Como enseña un revolucionario ruso: “La agrupación de los obreros en organizaciones grandes y capaces de funcionar bien en todas las circunstancias, en organizaciones impregnadas del espíritu de la lucha de clases, que tengan una visión clara de sus objetivos y estén educadas en una verdadera concepción marxista del mundo”. Solo los trabajadores organizados como clase pueden emanciparse.

LA GUERRA EN LA ACTUALIDAD

Además de lo señalado, nos encontramos en un momento histórico donde las amenazas de un conflicto bélico a gran escala y sin precedentes son cada vez más palmarias. La guerra ha pasado de ser aquello que solo se suscita en países del Pacífico y el Medio Oriente, o en una inestable África, a acontecer en países europeos y del llamado “primer mundo”, pero además tales conflictos bélicos se han acrecentado. Para entender este fenómeno, hemos de discernir que las disputas bélicas, más que revestir la forma de disputas interestatales, se presentan claramente como guerras de capitales. En la época del capitalismo financiero absurdamente globalizado, los enfrentamientos entre capitales evidencian una pugna cada vez más feroz por el control de mercados, recursos, fuerza de trabajo y zonas de influencia.

El mundo experimenta la descomposición del primado del imperialismo estadounidense, el desarrollo de las fuerzas productivas en otros ejes mundiales de acumulación está desplazando su orden liberal; el surgimiento de potencias regionales, especialmente en Asia, coloca en irremediable decadencia el orden establecido posterior a la Segunda Guerra Mundial. Así pues, los acontecimientos bélicos actuales tienen como principales objetivos consolidar, defender y engrandecer los capitales de determinados sectores económicos. La guerra es una herramienta para poder expandir esta influencia. Inclusive, la tentativa de que se pueda dar un enfrentamiento, a modo de paranoia, afecta directamente a la economía, alejando o atrayendo inversionistas y accionistas. Siendo la guerra la continuación de la política por otros medios, nos percatamos que lo bélico, al igual que lo político, está determinado por lo económico. Sin embargo, y pese a los diferentes puntos de vista sobre la guerra en la actualidad, hay un factor que sigue manteniéndose: los estragos que produce. La crisis del capitalismo no ha hecho otra cosa que empeorar esta situación, haciendo que iniciar un conflicto bélico sea una decisión muy rentable económicamente a corto, mediano y largo plazo.

El incremento actual de la inversión bélica por parte de potencias militares evidencia lo anterior. El amplio bastión de producción y comercialización de armamento estadounidense se ve beneficiado directamente por el incremento del belicismo mundial, el cual desde el 2022 —y en gran medida por su apoyo a Ucrania— propició un incremento del 49.1% en sus exportaciones de materiales bélicos, superando los 200 000 millones de dólares. El incremento del belicismo en el mundo no solo beneficia a Occidente: en el mismo año, China exportó 498 millones de dólares en armas, municiones, partes y accesorios bélicos, convirtiéndose en el exportador número 13 en el mundo.

La amplia producción de armas no solo ha devenido en el incentivo de más escenarios bélicos, sino que dicho mercado ha permitido que regímenes opresores puedan acceder a modernos equipamientos con los cuales pueden imponer sus voluntades, dejando tras de sí a cientos o miles de muertos, desplazados y refugiados. Un caso ejemplar de ello es lo acontecido este año en el Alto Karabaj, donde tropas azeríes, armadas con drones turcos y fusiles rusos, generaron que cerca de 50 000 residentes étnicos armenios fueran desplazados por los intereses coloniales de Azerbaiyán. Encontramos la misma situación en Myanmar, donde la junta militar que se apoderó del país oprime a las guerrillas y grupos de defensa popular con tanques y bombas de manufactura China, mismo armamento que es utilizado para destruir “centros logísticos de enemigos”, los cuales no son otra cosa que las propias chabolas de las ya desfavorecidas familias birmanas, dejando más de medio millón de personas desplazadas. Es más, sin ir más lejos, en los días cercanos al momento en que se redacta el presente documento[1], se ha reportado el arribo a Venezuela de mercenarios de la Compañía Militar Privada (PMC) Wagner, un grupo de mercenarios de origen ruso; se presume que dicho grupo paramilitar sería empleado para sofocar las protestas o disturbios populares en el contexto electoral.

Sin importar las razones por las cuales se opta por la guerra, los que siempre pagan las consecuencias son de la clase obrera. Ya sea por medio de reclutamientos forzosos, como en Ucrania, o por la obligatoriedad de ser desplazados ante la imposibilidad de vivir en territorios convertidos en zonas de guerras, como ocurre en la Franja de Gaza, es el proletariado quien sufre todos los estragos de la acción bélica. Al unísono de lo que ocurre en una empresa: cuando la gerencia toma malas decisiones económicas, aquellos que se ven en situación de despido y limitación de sus derechos son los trabajadores, no los directivos o accionistas.

Por ello, nos oponemos a estas guerras que solo sirven para acumular más riquezas para la clase dominante, se trata de guerras que se nutren de la explotación del proletariado en las industrias bélicas, destruyen y endeudan pueblos enteros sin ningún límite. Estas guerras arrojan a los más jóvenes a la carnicería más cruenta. La oposición a la guerra impulsada por la burguesía no es un pacifismo ingenuo, pues este modo de producción no puede garantizar la paz plena debido a su forma violenta de producción y el recurso reiterado a la explotación del hombre por el hombre. La paz real solo puede lograrla el proletariado en la lucha de clases, en su continua organización independiente contra toda opresión hasta lograr su liberación definitiva.

LATINOAMÉRICA: LA REFORMA Y LA MASACRE

El crecimiento económico global se ha ralentizado: según las cifras del FMI y el Banco Mundial desde el 2008 en adelante, la producción general —calculado en el PBI de los países— ha tenido una tendencia de reducción constante en el crecimiento anual. Para estos organismos, la previsión al 2028 es de continua baja en el crecimiento, sin perspectivas a revertirse. La disputa de los capitales por la búsqueda y el mantenimiento de los mercados, insumos y consumo se incrementa, de manera que las ‘alternativas internacionales’ en las políticas económicas internas se dirigen hacia las reformas de gobernabilidad[2] robusteciendo al Estado burgués así como su accionar violento y represor. En otras palabras, la reestructuración mundial de la producción pasa necesariamente por la adopción de medidas más drásticas para garantizar la sostenibilidad económica y la estabilidad de los gobiernos, con el fin de garantizar la apertura de capitales y la seguridad del capital privado. Ante ello, los Estados tienen la obligación de adoptar ‘políticas de crisis’, de austeridad fiscal y reformas en la organización social y del trabajo.

Tras casi dos décadas del boom de las exportaciones latinoamericanas producto del crecimiento económico chino, la economía se aletarga en la región resultado de la crisis del mercado internacional que no solo modificó la expansión de la reprivatización productiva latinoamericana (lucrativa en ese entonces) y la pérdida de mercados industriales para China, sino también dirigió las reformas y la deuda pública/consumo hacia el fundamento de la base productiva: los trabajadores. Más de 30 años de traspaso de propiedades públicas al sector privado y de organización de toda la cadena productiva al eje financiero son todavía insuficientes para el capital. El costo de los procesos de reforma y de ampliación de la productividad que recaen en el trabajador, lógica presente en toda la cadena de valor, de igual forma son insuficientes. Es más, el objetivo máximo de las reformas es cumplir con la legalidad de negociar contratos que garanticen a las empresas productividad y estándares internacionales del producto; lo demás, la explotación y sus consecuencias, son problemas individuales de cada trabajador.

Los retornos productivos en la región latinoamericana son los más desiguales de todo el planeta, tan desigual que una mujer en un barrio pobre de Santiago de Chile nace con una expectativa de vida 18 años menor que otra de un área rica en la misma ciudad. Lo mismo se aplica en Sao Paulo, Brasil: un habitante de la favela Paraisópolis vive en promedio 10 años menos que los habitantes de Morumbi, el barrio más rico. Para el 2022, en toda la región Latinoamericana, el 1 % más rico se apropió del 43.5% del total de la riqueza generada, mientras que la mitad más pobre solo 0.8%. “Esto significa que el pequeño grupo de las 100 personas más ricas de Latinoamérica acaparan 55 veces más riqueza que la mitad [de la población que es] más pobre en la región”. Con las políticas de reformas recientes en 2024, el caso que llama más la atención es el de Argentina, donde la pobreza alcanza al 57.4% de la población, el mayor nivel en 20 años. Por otro lado, en la mayoría de las naciones de Latinoamérica, la jornada laboral suele ser de 48 horas semanales, una gran diferencia si la comparamos con países de Europa, donde se trabaja alrededor de 40 horas para el mismo periodo de tiempo. Sobre ello, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la fuerza laboral informal representa aproximadamente la mitad del total de personas empleadas en América Latina: los países andinos como Bolivia (80%), Perú y Ecuador (75%) son los de mayor índice; en medio término se encuentran México (53%) y Brasil (37%). Chile y Uruguay muestran una informalidad cerca al 30%. La ampliación del mercado hacia los servicios públicos (educación, salud, transporte, seguridad social, etc.) se ha constituido en barreras profundas considerando el tipo de relación productiva planteada por el mismo mercado a través de las políticas de Estado en materia de jornada laboral y salario, puesto que indican condiciones de medio y largo plazo deplorables que impiden el progreso en la calificación profesional, una vida saludable, el usufructo de los bienes adquiridos, o la misma vida familiar. 

Para la hegemonía tecnócrata, académica y para las organizaciones políticas, el problema principal no radica en la estructura del mercado y su desarrollo, sino en el planteamiento de reformas en el Estado, como ‘corrector del mercado’, por tanto, en los programas de los gobiernos. Sin embargo, la dependencia de la Inversión Extranjera Directa (IED) para la producción define la forma del mercado y su determinación en la estructura económica y política. Solo para 2014, el porcentaje de participación del IED que representa en relación a la producción total nacional (PBI) indican 25.6% en Perú; 23,8% en Chile; 20,9% en México; 18% en Argentina; 25% en Colombia; 18% en Brasil. Los sectores preferenciales de la inversión son los tradicionales en materias primas, y servicios, y con la relación del ‘boom’ asiático la necesidad de productos se reduce a semimanufacturados o productos primarios. En contexto de ampliación de la liberalización económica, de atracción de IED, la cadena productiva nacional se transforma enteramente hacia la exportación, la dependencia de la oferta de IED y de la demanda de consumo en el centro mundial.

Lo que resta en las economías latinoamericanas es, pues, un grupo de empresas y familias interesadas en participar de los negocios, independientemente del tipo de producto que le demande los capitales externos. Las reformas en el Estado, entonces, se centran en reducir los costos de producción en las relaciones de trabajo y mecanismos de contención social del descontento: el primero, para permitir mayor productividad/lucro, con formas precarizadas de contratación de trabajos, intermitentes, tercerizados, e informales; y el segundo con políticas de asistencia social mínimas y focalizadas, así como la represión social más dura a las organizaciones sociales en pro de una ‘adecuada gobernabilidad’, de manera que se mitigue la organización del trabajador y la búsqueda de otras alternativas, con el objetivo de garantizar los negocios en curso. La única alternativa es la reforma y la masacre.

Para finalizar, la tendencia de la caída de la tasa de ganancia y la crisis es un fenómeno inmanente al desarrollo del capital, se evidencia en la necesidad de aumentar los beneficios mediante el aumento de productividad, así como también al ampliar la mercantilización a toda la vida humana posible (nichos de mercado). Es en la crisis donde se realizan las modificaciones más importantes del mercado, en ese proceso se manifiesta la tendencia a la concentración de capitales, y se implantan las formas desiguales de relación social en el ámbito productivo, al asegurar los flujos de la producción social mediante la propiedad de las cadenas productivas clave. Para asegurar ese proceso es importantísimo impedir que los trabajadores, inconformes con su realidad presente y futura, puedan organizarse. No solo las condiciones que el trabajo les entrega (educativas, salariales, tiempo libre, disposición, etc.) fluyen contra una posible organización, sino, sobre todo, la direccionalidad de las posibles organizaciones autónomas hacia el mero reformismo. Estas reformas, necesarias para el capital, son una idealización que no tienen concreción real frente a los condicionantes del mercado. La participación del trabajador en la cadena de valor ya está establecida en el mercado, lo condiciona a la reproducción del capital sin tener ningún poder sobre las formas y la organización de la producción: cualquier intento de organización del proletariado es duramente combatido por la represión del Estado burgués. La única alternativa de superación de las condiciones decadentes de vida de la sociedad capitalista es la organización autónoma de los trabajadores.

CRISIS Y LUCHA DE CLASES EN EL PERÚ

El Perú refleja, hoy más que nunca, la cara más miserable de sus contradicciones internas y del poder burgués sobre la clase trabajadora. Día tras día, además de los estragos de la crisis mundial, la política nacional burguesa instituye mecanismos de incrementos en la explotación del proletariado peruano y del saqueo extremos de los recursos naturales usando al Estado como medio de acumulación desde las facciones burguesas más constituidas hasta las más parasitarias. Todo ello agrava las condiciones de vida de la población trabajadora.

El incremento de la criminalidad en el Perú sigue cobrando víctimas entre la clase trabajadora. Los barrios más afectados son aquellos ubicados en las periferias de Lima Norte, Sur y Este. Trabajadores del ámbito del trasporte son víctimas de la disputa de bandas delincuenciales por el cobro de cupos; la misma problemática afecta a las ramas de construcción, servicio y comercio. En junio y julio de este año en el distrito de Lince se desataron balaceras por el control de cupos a las trabajadoras sexuales de esa zona; el mes de agosto se tiñó de sangre en el rubro de transporte, 4 conductores fueron acribillados ante su negativa del pago de cupos, las zonas más perjudicadas son Comas y Villa María del Triunfo; en este último se atacaron buses de transporte público. Choferes son asesinados mientras ejecutan su labor; estudiantes, como Gerson Quintana, son asesinados por negarse a dejarse robar; mafias del cupo en el sector construcción asesinan a dirigentes del Sindicato de Construcción Civil en Lima; dirigentes de la Amazonía, como Contoricón Antúnez, y líderes ambientalistas mueren a manos de las mafias de tala ilegal y control de territorios para explotación.

El retrato miserable y decadente del Perú actual alcanza a casi 10 millones de peruanos que se encuentran en la categoría de pobreza monetaria, reflejando una tendencia al incremento de la precariedad social. Dos millones de peruanos reciben menos de 251 soles o 66 dólares mensuales para vivir frente a una canasta básica familiar de un costo mucho mayor. Frente a esta realidad, el Estado burgués putrefacto es el seno de contradicciones de las fracciones capitalistas que controlan la reproducción de la explotación de la fuerza de trabajo en el Perú. La figura de la nefasta Dina Boluarte se sostiene sobre las alianzas bárbaras entre la corruptela enquistada en el Estado y los intereses burgueses de todo tipo. Comenzando por los repulsivos cuadros ministeriales de uno de los gobiernos más desaprobados por la población, tenemos a un Ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, vinculado al órgano máximo de representación del gran empresariado – CONFIEP; un Ministro del Interior cuyos audios rebelarían la relación de Dina Boluarte con favores políticos, obstrucción a la justicia y protección de prófugos como Vladimir Cerrón; un Ministro de Salud cuyas políticas claramente rebajan la calidad de la formación de los médicos en favor de los mercaderes de la educación superior y que es, además, responsable de la degradación del ya precario sistema de salud peruano; por ejemplo, el 55% de pacientes con cáncer no continúa con su tratamientos porque no encuentra citas para atenderse y un 25% lo hace por el desabastecimiento de medicinas. También resalta, en este gran panel de la vergüenza, el Ministro de Educación —demostrando su absurdo desconocimiento de la realidad peruana— ha culpabilizado y encubierto como “práctica cultural” indígena el caso de cientos de niñas violadas en la Comunidad Indígena de Condorcanqui (en Amazonas), mientras el Perú sigo ocupando los últimos lugares en brechas educativas y en el acceso a la educación. Finalmente, el Ministro de Desarrollo Agrario negó las estadísticas internacionales del hambre en el Perú, volcando la responsabilidad sobre el hambre a las mismas personas, rotulándolos de “flojos”. El 51.7% de la población, 17.6 millones, viven en inseguridad alimentaria, y el ministro cree que es un tema voluntario. Somos el país con mayor inseguridad alimentaria de América del sur. Resulta evidente la desconexión de los representantes políticos de la burguesía con la realidad económica y social más objetiva del proletariado.

La crisis del capitalismo en Perú también se manifiesta en el embate de grandes capitales, especialmente en la industria minera, que explota numerosos yacimientos del país y enriquece a capitalistas internacionales a costa del empobrecimiento y la represión de la clase trabajadora. Un claro ejemplo de esto es la explotación del cobre, que genera una exportación anual de aproximadamente 12 mil millones de dólares, con el 96.4% de la producción controlada por multinacionales de China, Canadá, Estados Unidos, México, Luxemburgo y Sudáfrica. Estas empresas, que operan bajo una lógica de acumulación capitalista, no solo concentran la producción en manos de unas pocas corporaciones, sino que muchas están vinculadas a paraísos fiscales, donde sus accionistas reciben dividendos en territorios de baja o nula tributación.

Con un índice de pobreza que afecta a casi el 30% de la población, el Estado peruano revela su desprecio por la clase trabajadora al priorizar la consolidación del país como uno de los destinos más atractivos para la inversión minera. Mientras millones de peruanos luchan por satisfacer sus necesidades básicas, el gobierno radicaliza la implementación de políticas de liberalización económica que favorecen descaradamente los intereses del capital extranjero, enriqueciendo a las multinacionales a expensas de una población empobrecida. En esa línea, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) se jacta de los diversos convenios bilaterales y Tratados de Libre Comercio (TLC) firmados con potencias como Estados Unidos, Canadá, China, Singapur, Corea del Sur y México, así como 32 Acuerdos Internacionales de Inversión con países del Pacífico, Europa y América Latina. Esta apertura indiscriminada al capital transnacional ha facilitado la implementación de proyectos mineros liderados por empresas con antecedentes de violaciones a los derechos laborales y devastación ambiental.

La profundización de este modelo extractivista ha venido acompañada de una intensificación de la represión estatal contra la clase trabajadora y las comunidades que se oponen a la explotación minera. En los últimos años, el Estado ha respondido a las protestas sociales con una violencia desmedida y sin precedentes, desplegando fuerzas policiales y militares para sofocar cualquier resistencia a la incursión de nuevos proyectos mineros. Esta represión no es casualidad, sino una acción concertada que usa el brazo armado del Estado para proteger los intereses de las multinacionales, garantizando la continuidad de la explotación de la clase trabajadora.

En 2022, la represión alcanzó niveles alarmantes, con más de 200 conflictos sociales, de los cuales el 60% estaba relacionado con actividades extractivas, especialmente la minería. Las comunidades afectadas, mayoritariamente campesinas e indígenas, han sido objeto de criminalización, con líderes sociales perseguidos y encarcelados bajo cargos fabricados. La represión estatal ha cobrado vidas, como en los casos de Espinar y Las Bambas, donde las fuerzas de seguridad actuaron con total impunidad, disparando contra manifestantes que defendían sus tierras y recursos.

Así también, es resaltante el caso de Tía María, proyecto que busca llevarse a cabo en el Valle del Tambo y al momento no cuenta con licencia social. Son 10 compañeros fallecidos que junto a cientos más, salen año tras año a luchar en contra de los atropellos de esta minera, que realiza actividades de forma ilícita con la venia de distintas figuras políticas. Como el caso del ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho quien, según fuentes periodísticas, mantiene —mediante su empresa Pevoex Contratistas SAC— un vínculo clientelar con Southern Perú, a quien le brindaría servicios de perforación, movimiento de tierras, recrecimiento de relaves y explotación de minas a tajo abierto. Otro caso similar es el del actual congresista Eduardo Salhuana, quien es acusado de haber asesorado legalmente a Saxi Arapa, capitalista minero, durante su gestión como congresista. Su accionar habría facilitado su inclusión en el Registro Integral de Formalización Minera (del cual había sido previamente retirado) y la derogación del Decreto Legislativo 1607, a través de la promulgación de la Ley N.° 31389 que ampliaba el proceso de formalización minera artesanal. Con esto Arapa tendría pase libre para licitaciones estatales. Además, Salhuana entre el 2013-2014 y el 2017-2021 ha sido asesor de la Federación Minera de Madre de Dios (FEDEMIN) que defiende la minería ilegal. Ha impulsado normas como la ampliación del plazo del proceso de formalización. Lo más grave, sin embargo, es su nexo con los barones del oro de Madre de Dios, el clan de los Baca Casa, capitalistas que acumulan mediante la extracción del oro. Algunos están investigados por lavado de activos. Salhuana no solo se ha reunido con Cecilio Baca en su periodo parlamentario del 2011-2006, sino que el 2012 defendió a los mineros Huepetuhe contra las medidas de control que impulsaba el Estado y fue gerente general del gobierno regional del presidente de la FEDEMIN en ese entonces, Luis Otsuka Salazar, otro defensor férreo de la minería ilegal.

Vemos, pues, que el Estado juega un papel crucial en la acumulación de capital. La actuación de sus funcionarios a favor de las grandes empresas sostiene su enriquecimiento. En ese sentido, se permiten concesiones mineras en territorios habitados por comunidades originarias sin respetar el derecho a la consulta previa, también las comunidades campesinas son víctimas de la represión y contaminación minera. Muchos convenios mineros facilitan contratos de estabilidad tributaria. Un ejemplo de ello, es Chinalco y Cerro Verde, empresas mineras que operan en Junín y Arequipa respectivamente y cuentan con sendos acuerdos de congelamiento de impuestos hasta el año 2028.

En línea con la protección de los intereses del capital, el aparato legislativo busca flexibilizar aún más las condiciones de trabajo, precarizando a la clase trabajadora y arremetiendo contra sus formas de organización y resistencia. Esta crisis sostenida por quienes no poseen más que su fuerza de trabajo empuja a la organización y al cuestionamiento del Estado burgués hasta su negación. El carácter inoperante del Estado se revela en su incapacidad para resolver las contradicciones inherentes al capitalismo. Se presenta como un aparato represivo al servicio de la clase capitalista, como quedó demostrado en la lucha de miles de trabajadores en Cusco, Puno y otras regiones entre diciembre de 2022 y enero de 2023. Ante la movilización masiva de la clase trabajadora, el Estado respondió con medidas contrainsurgentes, intentando aniquilar cualquier forma de resistencia y reestablecer el sometimiento de los trabajadores a los intereses de la clase capitalista. En ese sentido, sostenemos que el único camino es la unidad de la clase trabajadora y el fortalecimiento de su organización para lograr su emancipación de toda la explotación y miseria del capital.

Otro factor fuertemente arraigado interfiere en el desarrollo de la organización independiente del proletariado: el reformismo. No solo impulsa y difunde medidas totalmente formales e institucionalistas para solucionar la situación degradada y precaria en que se encuentra la sociedad, sino que ahora buscan arrastrar cualquier ápice de organización a las redes electorales. Busca marinar los intereses de los trabajadores con los intereses burgueses, amalgamarlos como si fuera una unidad. Donde la clase trabajadora venía avanzando en su organización, fortaleciendo su unidad, construyendo su propio camino, ahora se desgasta inútilmente buscando votos y juntando firmas para los comicios. Así se acrecientan las ilusiones de que los trabajadores podrán gestionar la acumulación de capital de sus verdugos llegando al Estado, cuando en realidad solo son usados por una camarilla de lobos con rostros de cordero que son financiados por una fracción de capitalistas que busca ascender. El caso de Antauro Humala es emblemático. Distintas organizaciones de jóvenes militantes y proletarios organizados de todo el país han terminado en sus filas con la esperanza y los sueños de la “raza cósmica” del mestizo que ahora gobernará y volverá potencia mundial al Perú. En vez de defender sus intereses como clase ahora van pintando el rostro de Antauro en plazas y barrios. A pesar de haber tomado una posición complaciente con el gobierno de Dina Boluarte y hasta reconocerla en el momento más convulsionado a inicios del 2023, a pesar de estar vinculado con empresarios y políticos corruptos, ha podido expandir sus bases en regiones compuestas por mayoría de proletarios agroexportadores que hasta ahora estaban fortalecidas por organizaciones autónomas como Barrio Chino, El Álamo, etc. Además, ha tenido fuerza en Junín donde jóvenes, campesinos y trabajadores se han sumado, al punto de que dirigentes del partido han afirmado que la campaña se financiará con donaciones de los militantes de tal región. Con más fuerza ha avanzado el ingeniero Fernando Salas del partido “Perú te quiero” que antes había postulado al lado de Fernando Popi Olivera. Salas ha enrumbado a proletarios que históricamente habían luchado a favor de la mejora de sus condiciones laborales, que habían obtenido victorias en sus luchas inmediatas y que estaban dispuestos a luchar por sus intereses a más largo plazo. Las redes del electorerismo y toda la parafernalia democrática burguesa son una rémora implacable contra la organización del proletariado. No pueden ser más que ilusiones nefastas de la que se valen fracciones de la burguesía para seguir acumulando capital sea este cobrizo, sea de capitales agrarios, financieros, mineros, etc. La única forma en que el proletariado podrá transformas sus condiciones de existencia es formando con su lucha y esfuerzo denodado su propia organización independiente. La emancipación de los trabajadores será obra de los mismos trabajadores. La mejora de sus condiciones de vida y la subversión de su situación de explotación y dominación solo será superada organizándose. Es lo más esencial por lo que se requiere luchar hoy.

¡VIVA LA LUCHA DEL PROLETARIADO!

¡VIVA LA LUCHA POR SU ORGANIZACIÓN INDEPENDIENTE!

¡CONTRA TODA DOMINACIÓN Y EXPLOTACIÓN!

[1] 10 de agosto de 2024.

[2] En sus Perspectivas de la economía mundial de octubre de 2023, el FMI afirmaba: “Con un crecimiento menor, tasas de interés más altas y un espacio fiscal reducido, las reformas estructurales son fundamentales. Puede lograrse un crecimiento a largo plazo más elevado mediante una secuenciación prudente de las reformas, empezando por las centradas en la gobernanza, las normativas empresariales y el sector externo”.